Historia de un contrato
«Con una tasa de paro cercana al 15% (...) es urgente atacar las causas que generan una destrucción de empleo tan intensa». Así comenzaba, en abril de 2009, cuando nadie imaginaba que el paro llegaría al 27,1%, la Propuesta para la Reactivación Laboral en España, que popularmente se conoció como el manifiesto de los 100 economistas. Allí se proponía por primera vez, con un respaldo académico masivo, un contrato único con indemnización creciente.
La operación se fraguó en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que venía estudiando el asunto desde el año 2000. Su entonces director, Pablo Vázquez, deseaba que el debate académico llegara a la opinión pública. Con la ayuda de Luis Garicano, Michele Boldrin, Tano Santos y otros se idearon dos estrategias: promover un manifiesto e impulsar el blog Nada es Gratis, que se convertiría en una referencia indispensable para entender la crisis gracias a las polémicas que animaron Garicano, Jesús Fernández-Villaverde, Benito Arruñada, Pol Antrás o Juan José Dolado, todos brillantes economistas
Pero los redactores del manifiesto cometieron un error, quizá por precipitación. Apenas circuló la primera versión se dieron cuenta de que no habían tenido en consideración el punto de vista de los catedráticos de Derecho Laboral. Y la primera pega que estos pusieron fue que el contrato, pese a prever una indemnización creciente, desvinculaba el despido de su causa. En España, el empresario siempre tiene que aducir una causa para extinguir la relación laboral. Así lo interpretó el Tribunal Constitucional en su sentencia Nº 109 de 2003.
También contribuyó a este error que entonces y desde 2002 estaba vigente el llamado despido exprés. Este suponía que el empresario admitía la improcedencia del despido y abonaba la indemnización máxima sin que un juez la dictaminara. El despido exprés fue utilizado en el 65% de las extinciones de contrato de la primera década del siglo. La fórmula burlaba la sentencia del 2003, pero satisfacía una necesidad. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, la eliminó en su reforma laboral. «Nosotros hemos acabado con el despido exprés», se jactó la ministra Báñez en febrero de 2012.
Los juristas recomendaron a los expertos de Fedea una solución simple: establecer dos escalas de indemnización, una para el despido procedente y otra para el improcedente. Con eso se solventaba la supuesta inconstitucionalidad de su propuesta.
Pero los abogados del Estado ya habían estigmatizado el texto tachándolo de inconstitucional y los sindicatos vieron en el contrato único una forma enmascarada de implantar el despido libre. Zapatero recibió a los promotores del manifiesto, pero no les hizo ni caso, aunque a uno de su firmantes, José Manuel Campa, lo nombró secretario de Estado.
Al PP nunca le gustó la propuesta de Fedea y, de hecho, Báñez sigue afirmando que es inconstitucional pese a que el asunto claramente tiene arreglo.
john.muller@elmundo.es